El 27 de marzo, la Asamblea Legislativa, con mayoría oficialista, declaró el inicio del régimen de excepción en todo el territorio nacional por un período de 30 días. La medida fue aprobada, con 67 votos favorables, en una sesión extraordinaria que tuvo lugar luego de que el Presidente, Nayib Bukele, instara al parlamento a tomar acción de forma inmediata ante el incremento de los episodios de violencia. El decreto de promulgación indica que el régimen se ampara en “graves perturbaciones al orden público por parte de grupos delincuenciales”, luego de que el 25 de marzo el país registrara una de las tasas más altas de homicidios en un día. El número de detenidos ya asciende a más de 5000 casos.

Durante la vigencia del estado de excepción se suspenden las libertades de reunión y asociación, la inviolabilidad de la correspondencia y se habilita a la intervención de las comunicaciones sin necesidad de orden judicial. También se restringe la obligación de brindar información sobre causas de detención y garantías del debido proceso – como el acceso a un abogado defensor – se amplían los plazos de detención administrativa, y se otorgan mayores facultades a las fuerzas de seguridad, como la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, para “restablecer el orden y la seguridad ciudadana, y el control territorial”.

Las críticas se multiplicaron ante la suspensión de derechos fundamentales y temores de abuso policial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó preocupación por el abuso de poder contra personas privadas de la libertad. Esto sucede luego de que se reportara que, desde diciembre, los jueces han perdido acceso al Sistema de Información Penitenciaria (SIPE), lo que imposibilita la detección de irregularidades cometidas en los centros de detención. En este contexto, también se han denunciado violaciones a derechos humanos como el acceso a alimentos y cuidados personales. Incluso, el Presidente amenazó con “eliminar totalmente la alimentación”, si la violencia continuaba incrementando.

A pesar de las críticas, Bukele respaldó su decisión amparándose en el artículo 29 de la Constitución Nacional, y la potestad de la Asamblea de declarar el régimen de excepción ante graves perturbaciones al orden público. A pesar de su limitada duración, y habida cuenta de la determinación del Presidente a combatir a las pandillas, existe la posibilidad de que el decreto sea prorrogado y, con ello, la suspensión de las garantías constitucionales.

Para reforzar las medidas el Ejecutivo convocó nuevamente a una sesión extraordinaria de la Asamblea donde fueron aprobados 8 proyectos para profundizar la lucha contra la violencia y las pandillas salvadoreñas, o maras. Entre ellos, se calificó a las maras como organizaciones terroristas, incrementaron las penas a los miembros pertenecientes a las maras y también se aumentaron las partidas presupuestarias destinadas a la Defensa Nacional y al Programa de Combate a Terroristas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para dotar de mayor equipamiento a las fuerzas. 

A su vez, durante la sesión ordinaria del 5 de abril, Bukele introdujo nuevas reformas al Código Penal y modificaciones a la ley de proscripción de pandillas, que penalizan con 10 a 15 años de prisión a la difusión de mensajes alusivos a los grupos criminales tanto a través de medios escritos como medios de comunicación digitales. Las iniciativas fueron aprobadas de manera exprés y sin discusión y ya se encuentran vigentes. La sociedad civil y la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) no tardaron en catalogar a esta ley como “una mordaza a la libertad de prensa y de expresión”. También, Amnistía Internacional la catalogó como una “obstaculización al periodismo” y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como una “criminalización” de la prensa.