El 31 de marzo la Asamblea Nacional, controlada por el sandinismo, sancionó con carácter de urgencia una nueva Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL) por 77 votos a favor, 12 abstenciones y ninguno en contra. Este nuevo marco endurece los requisitos de inscripción, facilita la cancelación de las mismas por parte del órgano legislativo y establece prohibiciones sobre la injerencia de las organizaciones en política y asuntos internos, que pueden servir como justificaciones por parte del gobierno para restringir, de forma arbitraria, su funcionamiento en el país. 

La nueva ley de control a las OSFL, alcanza a todas las organizaciones nacionales y extranjeras que operen en el país. Su supervisión estará a cargo de una nueva oficina, la Dirección General de Registro y Control de OSFL, que funcionará dentro del Ministerio de Gobernación. La facultad de otorgar o cancelar las personería jurídica de las organizaciones sigue siendo de la Asamblea Nacional. 

Ahora, las nuevas OSFL deberán presentar antecedentes penales de sus miembros para su reconocimiento jurídico. En el caso de organizaciones extranjeras, se añaden requisitos adicionales como la presentación del listado de los proyectos a desarrollar en el país y la lista del personal que permanecerá en el país. 

La nueva ley también establece una serie de prohibiciones sobre la participación de las organizaciones en actividades políticas, “de proselitismo político”, la intervención “en asuntos de políticas partidarias” o en los asuntos internos del país o todas aquellas acciones que “violenten el orden público o promuevan la desestabilización en el país”. La experiencia nacional y regional sugiere, sin embargo, que este tipo de disposiciones podrían interpretarse de forma arbitraria para criminalizar a las organizaciones que aún operan en el país e impedir el establecimiento de nuevas OSC.  

El incumplimiento será sancionado con la aplicación de multas, la intervención temporal por parte de la Dirección de Control de OSFL, la suspensión o cancelación de las personerías jurídicas de las organizaciones y la confiscación de bienes y activos.

La medida no es un hecho aislado. En los últimos años, ha recrudecido el hostigamiento a las OSC amparado en la aplicación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros de 2020. A marzo de este año, más de 130 organizaciones de la sociedad perdieron su personalidad jurídica. Solo durante el último mes el la Asamblea Nacional aprobó la cancelación de 26 organizaciones (24 a través de una sola iniciativa, en la cual figuran la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y otras asociaciones de periodistas y de derechos humanos, y 2 cancelaciones de asociaciones universitarias), y el Ministerio de Gobernación derogó los registros de 4 ONGs de origen extranjero. También, cabe mencionar que el Gobierno de Ortega ha expulsado del país, de forma arbitraria, al jefe de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Thomas Ess, y al enviado del Vaticano, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag.