El 25 de febrero, la justicia ordenó la suspensión definitiva del decreto mediante el cual el presidente, Andres Manuel López Obrador (AMLO), declaraba de interés público y de seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno federal en áreas estratégicas, lo que en la práctica le permitiría al ejecutivo rechazar pedidos de acceso a la información pública amparándose en el artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (“Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable”). Además de sus efectos regresivos en materia de transparencia, los plazos establecidos por el decreto para la aprobación de las obras, comprometían la posibilidad de realizar estudios adecuados de impacto ambiental, responsabilidad y viabilidad.

Este fallo, dictado en respuesta a la demanda impulsada por la organización Litigio Estratégico AC, refuerza el precedente establecido por el Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 14 de diciembre de 2021. En esa oportunidad la SCJN suspendió parcialmente el decreto en respuesta a un recurso presentado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Desde Litigio Estratégico AC celebraron la decisión del Juzgado y advirtieron que “seguirán velando por el Estado de Derecho, y que atacarán cualquier abuso de autoridad que intente implementar cualquier gobierno”.

Mientras la justicia mexicana dirimía los alcances y límites del derecho de acceso a la información pública, el INAI inauguró un espacio encargado de establecer directrices generales y coordinar acciones para promover la apertura de datos, el Grupo Impulsor de la Estrategia “Abramos México”. Además del INAI, el Grupo está conformado por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre otras entidades.