El 2 de febrero, el Congreso aprobó la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), bajo la asesoría de la ONU, y autorizó la suscripción del convenio correspondiente. El objetivo de la presidenta Xiomara Castro es que la misión contribuya a develar el entramado de corrupción que se consolidó durante los ocho años de gobierno de Juan Orlando Hernández que el 15 de febrero fue detenido en su domicilio. El arresto se produjo a partir de un pedido de extradición de los Estados Unidos, donde el ex mandatario es acusado de participar de una red de narcotráfico. Cabe recordar que su propio hermano está cumpliendo allí una sentencia de por vida. 

La CICIH cuenta con un antecedente: la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de 2016 que surgió a partir de un acuerdo firmado entre la OEA y el entonces presidente, Juan Orlando Hernández. Su objetivo consistía en mejorar la calidad de los servicios prestados por el sistema de justicia del país en aras de prevenir, combatir e investigar los actos de corrupción. Sin embargo, en diciembre de 2019 la Cámara de Diputados puso un punto final a sus actividades, acusándola de “haber violentado la independencia de las instituciones”. Algunos de los que acompañaron esta decisión eran diputados que estaban siendo investigados por casos de corrupción. 

Los objetivos en materia de lucha contra la corrupción que fueron uno de los temas de la campaña de Castro quedaron, sin embargo, opacados por la amnistía que la misma ley otorgó a los presos políticos durante el golpe de 2009. Desde el oficialismo, declararon que lo que se busca es liberar a las personas que fueron injustamente encarceladas por oponerse al golpe y defender el orden constitucional. Sin embargo, otros sectores lo han calificado como un “pacto de impunidad”. La ley ha tensionado de hecho a la propia coalición de gobierno y en particular a una parte del Partido Salvador Honduras que salió a declarar que el texto es “lesivo para la institucionalidad del país”. 

¿Qué se le cuestiona a la ley? Un análisis presentado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) indica que el indulto alcanzaría a las personas procesadas por 14 delitos de corrupción, además de 42 delitos comunes y uno relacionado al lavado de activos. Al respecto el jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción Luis Javier Santos cuestionó la inclusión de delitos en perjuicio de la administración pública, como el enriquecimiento ilícito y la malversación de caudales públicos, según informó Expediente Público.  

Un dato no menor es que la ley fue aprobada antes de la resolución de la crisis que atravesaba al Congreso el que, por esos días, todavía contaba con dos juntas directivas. Esta situación podría derivar en una judicialización de la norma.