El 17 de septiembre el legislador oficialista Abel Reyes (Perú Libre) presentó un proyecto que declara de necesidad pública “la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico” de radio, televisión y otros medios de comunicación, así como la transmisión en el territorio nacional. Además, en caso de emergencia, el Gobierno podría dictar medidas “temporales” que deberán ser cumplidas por los operadores, proveedores y usuarios de telecomunicaciones. 

Cuatro bancadas legislativas ya anunciaron que no apoyarán la propuesta por considerar que el oficialismo busca “controlar todo ”(Hernando Guerra, Fuerza Popular) y que el proyecto podría “menoscabar o restringir el trabajo de la prensa” (Eduardo Salhuana, Alianza para el Progreso) o “censurar a los medios de comunicación (Avanza País). 

A las declaraciones de la oposición se le unieron las del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), del Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y de la Clínica Jurídica de Libertades Informativas de la Universidad del Pacífico, que expresaron su preocupación por las posibles implicancias para la libertad de expresión, al tiempo que denunciaron acciones que limitan la cobertura periodística a actividades oficiales y generan tensión con los medios tradicionales. 

Frente a este escenario, organizaciones de la sociedad civil exhortaron al presidente Pedro Castillo a respetar los principios de defensa de la libertad de expresión conforme a lo suscrito en la Proclama Ciudadana, el pasado 17 de mayo. Asimismo, le solicitaron desestimar el proyecto presentado por su partido, y suscribir las declaraciones de Chapultepec y Salta, las cuales podrían ser un punto de inflexión de cara a futuro.