El 16 de agosto el Ministerio de Gobernación canceló la personalidad jurídica de 6 organizaciones de la sociedad civil (OSC) internacionales. Exactamente diez días después la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo aprobó con 70 votos la cancelación de personalidad jurídica de otras 15 OSC nacionales. Las acciones se amparan en un supuesto incumplimiento de la Ley General Sobre Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro por no reportar a las autoridades los estados financieros y obstaculizar así el control y vigilancia del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del del Ministerio de Gobernación.

Entre las OSC internacionales afectadas por la medida se encuentran el National Democratic Institute for International Affairs (NDI) y el International Republican Institute (IRI), ambas provenientes de Estados Unidos y vinculadas a la agenda de fortalecimiento de las instituciones democráticas. También hay organizaciones de España, Suecia y Dinamarca que realizan trabajo social con poblaciones vulnerables. 

Tras la aprobación de esta medida, el Observatorio para la Protección de los Derechos Humanos emitió un comunicado manifestando su preocupación por la violación de las libertades de asociación y expresión, y solicitando poner fin a todo acto hostigamiento en contra de las organizaciones de derechos humanos y su acceso a fuentes de financiamiento extranjeras. También indica que estas medidas pueden considerarse como una respuesta a las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea al gobierno de Ortega.

En cuanto a las OSC nacionales, hay organizaciones con trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres como la Asociación Colectivo de Mujeres de Matagalpa y la Fundación Entre Volcanes. La medida va en línea con la escalada represiva del gobierno ante la cercanía de las elecciones, el próximo 7 de noviembre. Así, además de la cancelación de organizaciones sin fines de lucro, se han vulnerado otros derechos de la población como consecuencia de la persecución, criminalización y encarcelamiento de periodistas, defensores de derechos humanos y opositores.