A principios de marzo, la nueva Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el Plan Legislativo para el 2021 que incluye una lista de más de 30 proyectos que serán discutidos a lo largo del año. En este marco, referentes de la sociedad civil señalaron con preocupación que la reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y Medios Electrónicos (Ley Resorte) y el proyecto de una nueva ley del Ciberespacio podrían ampliar aún más las restricciones a la libertad de expresión. 

Según declaraciones del Presidente Nicolás Maduro, la reforma de la Ley Resorte incluirá un capítulo sobre redes sociales y “su responsabilidad en territorio venezolano”. En 2010 ya se habían realizado cambios a esta norma, que ampliaron el control de contenidos en medios electrónicos para prohibir la difusión de mensajes que inciten el odio por razones políticas, fomenten la zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público. En ese momento hubo denuncias de censura contra la disidencia política.

Mientras tanto, aún no hay precisiones sobre el proyecto de Ley de Ciberseguridad. Sin embargo, en 2019 circuló un borrador que planteaba un incremento de los poderes de vigilancia del Poder Ejecutivo en internet y calificaba de “ciberterrorismo” a cualquier ataque que pudiese “afectar la paz interna”. 

Ambas iniciativas están, por otro parte, alineadas con el enfoque planteado en la Ley contra el Odio, sancionada en 2017 por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, que ha sido sistemáticamente utilizada para censurar a críticos del gobierno.