A mediados de agosto la Asamblea Legislativa conformó por acuerdo una Comisión Especial para investigar el acoso a periodistas por parte del gobierno y su presunto financiamiento con fondos públicos. Las 61 agresiones denunciadas por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) a comunicadores sociales críticos del gobierno van desde calumnias y expresiones de descrédito en redes sociales, hasta amenazas y vigilancia. Las denuncias por actos de gobierno que atentan contra la libertad de expresión comenzaron el mismo día de la asunción de Nayib Bukele, tras la detención del fotoperiodista Jorge Reyes. Desde entonces, el presidente ha lanzado diversas ofensivas en contra de trabajadores de los medios de comunicación, utilizando adjetivos como “panfletos”, “plumas pagadas” y “medios vendidos”. En Twitter, tanto funcionarios como simpatizantes y cuentas trolls han respondido con críticas, comentarios misóginos e incluso amenazas de muerte a los comunicadores que expresan opiniones contrarias a la voz oficial. Estos hechos han sido denunciados por importantes entidades como la Sociedad Interamericana de Prensa, la Comisión de Libertad de Prensa e Información, y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Especial, conformada por seis legisladores, ya se encuentra recabando información para elaborar un informe sobre lo que se considera un “asunto de interés nacional”.