El 24 de junio la Corte Constitucional dio lugar a una demanda presentada por organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos contra el reglamento que permite a los militares el uso progresivo de la fuerza. En su presentación, las instituciones demandantes señalaron que la norma aprobada por acuerdo ministerial atenta contra la Constitución al autorizar a las Fuerzas Armadas a desempeñar un rol complementario en el mantenimiento del orden interno. Por su parte, Human Rights Watch advirtió sobre el riesgo de terminar alentando el uso de la fuerza letal y exhortó a Ecuador a dejarla sin efecto. La suspensión es temporal hasta tanto la Corte decida sobre la constitucionalidad del reglamento.