El 28 de mayo la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia se reunió para analizar la denuncia de la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, por espionaje ilegal a unas 500 personas vinculadas al mundo político, al periodismo, organizaciones de la sociedad civil y a policías durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri. Según se detalla en la denuncia las tareas de vigilancia – descubiertas en un disco rígido parcialmente borrado – no habían sido ordenadas ni autorizadas por un juez, sino por las autoridades del propio organismo de inteligencia que hoy se encuentra intervenido. El 7 de junio se iniciaron las declaraciones testimoniales en el marco de la causa judicial y está previsto que continúen durante todo el mes. Por otra parte, el Senado rechazó un decreto del año 2015 que trasladaba el manejo de las escuchas telefónicas realizadas con orden judicial a la órbita de la Corte Suprema de Justicia. Los senadores consideraron que la administración de las escuchas por parte de la CSJN era incompatible con su rol de control sobre la AFI.