A mediados de mayo el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, amenazó públicamente a científicos de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, a quienes acusó de sembrar alarma en la población. Los comentarios se producen tras la publicación de un informe en el que se estima, por medio del uso de modelos matemáticos, que podría haber un subregistro en las cifras oficiales de contagiados de entre 63% y 95%. Sobre estas conclusiones, Cabello observó que eran “una invitación a que las agencias de seguridad del Estado llamen a [los científicos]”. La libertad de investigar y divulgar información enfrenta así un nuevo obstáculo. Anteriormente, las instituciones científicas fueron obligadas por una resolución conjunta de los Ministerios de Salud y de Ciencia a registrar cualquier investigación sobre el COVID-19 ante ambas carteras. La criminalización del personal médico, las organizaciones y los periodistas por difundir información técnica sobre la evolución del COVID-19 que interpela los datos oficiales ha sido condenada por numerosas organizaciones académicas y de la sociedad civil, y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.