El 27 de febrero el presidente Alejandro Giammattei promulgó una ley que permite que el gobierno prohíba el funcionamiento de organizaciones sociales si considera que “alteran el orden público”. También lo habilita para controlar sus flujos financieros. Los responsables de las entidades podrán ser castigados con pena de prisión o inhabilitados por un mínimo de 2 años. La iniciativa, sancionada por el Congreso el 11 de febrero, fue condenada por más de 90 organizaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. En respuesta a los recursos legales interpuestos por la sociedad civil, el 2 de marzo la Corte de Constitucionalidad suspendió provisoriamente la sanción de la ley. El gobierno comunicó que respetará la decisión pese a no estar de acuerdo y anticipó que presentará un nuevo proyecto de ley.

Conoce el comunicado que la sociedad civil difundió para frenar la ley.