El 8 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó en general una reforma de la Constitución que aumenta la capacidad del Presidente para sacar a las Fuerzas Armadas a las calles cuando esté en riesgo la infraestructura considerada crítica para el funcionamiento del país: servicios de agua, gas y electricidad, comunicaciones y transporte, oficinas gubernamentales, del Congreso Nacional y del Poder Judicial. Ahora el Presidente está obligado a decretar previamente el estado de emergencia por no más de 15 días. Si la reforma se sanciona, podrá hacerlo sin necesidad de decretar el estado de emergencia y por un período de hasta 30 días. El proyecto impulsado por el gobierno fue cuestionado por diputados de la oposición que, según anticiparon, tratarán de introducir cambios durante la discusión artículo por artículo.