La publicación a principios de marzo del Plan Legislativo de la Asamblea Nacional para el 2021 trajo consigo la reaparición de un proyecto de larga data en el oficialismo nacional: la regulación y control del acceso a fondos de la cooperación internacional por parte de organizaciones de la sociedad civil. 

Ya en los años 2006, 2010 y 2015, los gobiernos de Hugo Chavez y Nicolás Maduro habían intentado aprobar regulaciones de este estilo, y en cada oportunidad las arremetidas se enfrentaron al rechazo de  organismos internacionales y de la sociedad civil local, que hicieron suya la tarea de alertar sobre los riesgos que estas limitaciones aparejarían para su sostenibilidad.

Si el nuevo proyecto de ley sigue la misma línea que los anteriores, las OSCs estarán obligadas a inscribirse en un registro especial para poder recibir fondos de la cooperación internacional, lo que más allá de sus aspectos administrativos podría en la práctica funcionar como un resorte de control de su funcionamiento interno. 

Otro punto preocupante es la posible creación de un fondo para recolectar y distribuir los recursos provenientes de la cooperación internacional, cuya organización y operación quedaría presumiblemente a cargo del Poder Ejecutivo. Todo esto debe ser leído a la luz de la retórica oficial de criminalización de las organizaciones de la sociedad civil, acusadas de recibir fondos internacionales para desprestigiar y desestabilizar al país. En la práctica esta retórica se ha plasmado en el congelamiento de cuentas bancarias y la detención de miembros de ONGs, como ocurrió con las organizaciones Alimenta la Solidaridad y Azul Positivo, respectivamente.