El 12 de abril, diputados oficialistas del Frente Sandinista presentaron ante la Asamblea Nacional una iniciativa de ley de reforma de la Ley Electoral. Entre otros puntos, el proyecto pretende obligar a los partidos políticos a solicitar autorización a la Policía Nacional para realizar manifestaciones públicas durante la campaña electoral. El pedido debe indicar la fecha y el lugar de la manifestación, con una semana mínima de antelación. 

A su vez, durante la campaña electoral que durará 75 días en el caso de las elecciones nacionales, “las expresiones políticas” que no participen en ellas, directamente no podrán hacer propaganda ni manifestaciones públicas. El proyecto no aclara, sin embargo, qué se entiende ni cuáles son los alcances del término “expresión política”. 

Por otra parte, el artículo 81 establece que no podrán inscribirse como candidatos/as a diputados/as y a otros cargos electivos quienes no cumplan con lo estipulado en la Ley de Agentes Extranjeros y en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, entre otras, requisito que plantea condicionamientos severos en base a una legislación que ha sido altamente cuestionada por la sociedad civil y otros sectores. 

Al respecto, la Coalición Nacional – compuesta por cinco movimientos y dos partidos políticos de la oposición –  señaló que esta iniciativa “pone todo su énfasis en excluir, inhibir, conculcar derechos y evitar la competitividad de la oposición, frente a un adversario que se reserva todas las ventajas para imponer su continuidad en el ejercicio del poder, obviando la voluntad popular”. 

La Coalición manifestó finalmente el texto del proyecto no recoge de ninguna manera las recomendaciones contempladas en la resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua mediante elecciones libres y justas, ni las recomendaciones de las misiones de observación electoral de la misma OEA, Unión Europea y de otros organismos especializados. 

Por su parte, el Grupo Promotor de Reformas Electorales observó en un análisis de la propuesta que se elimina la consulta con organizaciones de sociedad civil para el nombramiento de magistrados/as del Consejo Electoral, se reemplaza la figura de observador electoral por la más laxa de “acompañante” y se limita el acceso a la información al eliminar ciertas obligaciones de publicación de datos electorales. El proyecto está pendiente de debate en Comisión y en caso de aprobarse, será debatido en el pleno en el corto plazo.