El 20 de abril, el Registro Nacional de las Personas (RENAP) emitió un nuevo acuerdo a través del cual se derogó el cobro de una tarifa para la obtención de información pública referida a estadísticas y datos incluidos en sus registros. Esto surge como respuesta a la recomendación del Procurador de Derechos Humanos (PDH) y a varios reclamos por parte de medios periodísticos, en tanto la tarifa impuesta violaba las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública.

El antecedente data de agosto del 2020, cuando la alianza GuatemalaLeaks presentó una solicitud de información pública ante el RENAP para obtener datos sobre fallecimientos. En esa oportunidad, la entidad gubernamental condicionó la entrega de la información al pago de 250 quetzales guatemaltecos. Ante la negativa, y tras elevar un recurso de revisión, GuatemalaLeaks en conjunto con la organización Red Ciudadana, presentaron una solicitud de amparo ante la justicia.

Para las organizaciones, el hecho constituía un obstáculo al acceso a la información pública en tanto violaba la gratuidad de la información para todas las personas, sin excepciones, así como la disposición que establece que una solicitud de información pública no puede estar sujeta a ninguna formalidad ni puede exigirse la manifestación de una razón o interés específico como requisito.