{"id":7797,"date":"2022-02-03T13:19:20","date_gmt":"2022-02-03T13:19:20","guid":{"rendered":"https:\/\/civicspaceguardian.directoriolegislativo.org\/?p=7797"},"modified":"2022-02-03T13:22:43","modified_gmt":"2022-02-03T13:22:43","slug":"segun-human-rights-watch-las-libertades-fundamentales-sufrieron-retrocesos-en-toda-la-region","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/civicspaceguardian.directoriolegislativo.org\/index.php\/2022\/02\/03\/segun-human-rights-watch-las-libertades-fundamentales-sufrieron-retrocesos-en-toda-la-region\/","title":{"rendered":"Seg\u00fan Human Rights Watch, las libertades fundamentales sufrieron retrocesos en toda la regi\u00f3n"},"content":{"rendered":"\t\t
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El 13 de enero la OSC present\u00f3 su <\/span>informe<\/span><\/a> anual en el que se\u00f1ala que los Derechos Humanos y las libertades fundamentales han sufrido importantes retrocesos en Am\u00e9rica Latina y el Caribe durante el a\u00f1o 2021. Entre las principales problem\u00e1ticas a nivel regional destacan el deterioro de las condiciones de detenci\u00f3n en los establecimientos penitenciarios, los constantes abusos por parte de las fuerzas de seguridad, la falta de independencia del poder judicial, el incremento de episodios de represi\u00f3n en protestas sociales y las reiteradas violaciones a las libertades de expresi\u00f3n y de prensa. A continuaci\u00f3n un an\u00e1lisis detallado de la situaci\u00f3n de cada uno de los pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina.<\/span><\/p>

\u00a0<\/p>

Argentina<\/b><\/p>

Se destacan las malas condiciones de detenci\u00f3n del sistema penitenciario y los constantes abusos por parte de las fuerzas de seguridad; la inconsistencia de la pol\u00edtica exterior con respecto a Venezuela y Nicaragua; la falta de independencia del Poder Judicial y la impunidad por el atentado terrorista a la AMIA (ocurrido en 1994); y la “violencia end\u00e9mica” hacia las mujeres. Por \u00faltimo, en lo referido a la libertad de expresi\u00f3n el informe apunta a las altas autoridades, entre ellas el presidente Alberto Fernandez, por haber utilizado una ret\u00f3rica hostil en contra de periodistas independientes, al acusarlos de difundir noticias falsas sobre temas de inter\u00e9s p\u00fablico, como en el caso de las irregularidades en la distribuci\u00f3n de las vacunas del Covid-19.<\/span><\/p>


<\/span>Bolivia<\/b><\/p>

El pa\u00eds vive una situaci\u00f3n cr\u00edtica en materia de independencia del poder judicial; son cada vez m\u00e1s frecuentes los episodios de violencia y abusos en situaciones de protesta, as\u00ed como tambi\u00e9n las violaciones a la libertad de expresi\u00f3n y el acceso a la informaci\u00f3n. Por otra parte, se se\u00f1al\u00f3 el empeoramiento de las condiciones de detenci\u00f3n en las c\u00e1rceles, la vulneraci\u00f3n de los derechos de los ind\u00edgenas, las mujeres y las ni\u00f1as, y la existencia de situaciones de discriminaci\u00f3n por orientaci\u00f3n sexual. Por \u00faltimo, el informe destaca que la Asociaci\u00f3n Nacional de la Prensa\u00a0 denunci\u00f3 varios casos de violencia policial durante que fueron ignorados por el Gobierno.\u00a0<\/span><\/p>

Brasil<\/b><\/p>

El reporte se refiere al presidente Jair Bolsonaro como una amenaza al r\u00e9gimen democr\u00e1tico por su intento de socavar la confianza en el sistema electoral, la libertad de expresi\u00f3n y la independencia judicial. En segundo t\u00e9rmino, el informe se\u00f1ala que los asesinatos policiales alcanzaron su punto m\u00e1ximo durante el actual gobierno y que en el 80% de los casos se trataba de personas negras. Por \u00faltimo, en lo referido a la libertad de expresi\u00f3n, el informe subraya que el gobierno ha perseguido al menos 17 cr\u00edticos, llegando incluso a utilizar una Ley de Seguridad Nacional de la era militar – revocada en 2021.\u00a0<\/span><\/p>

Chile<\/b><\/p>

El pa\u00eds enfrenta importantes retos en materia de DDHH, por un lado, los relacionados a las condiciones de detenci\u00f3n en las prisiones, y por el otro, los constantes abusos a los derechos de los migrantes, refugiados, mujeres, ni\u00f1os, pueblos originarios y la comunidad LGBT. En cuanto a los derechos de migrantes y refugiados, la situaci\u00f3n es particularmente preocupante ya que en abril de 2021 el Congreso chileno aprob\u00f3 una <\/span>ley<\/span><\/a>, que si bien a\u00fan no ha sido reglamentada, permite a las autoridades emitir \u00f3rdenes de deportaci\u00f3n inmediata sin pruebas justificatorias en contra de aquellos sujetos que hayan cruzado la frontera o que est\u00e9n intentando cruzarla, lo cual atenta contra el debido proceso.\u00a0<\/span><\/p>

Colombia<\/b><\/p>

Pese al acuerdo de paz de 2016, los episodios de violencia se recrudecieron durante el a\u00f1o 2021, y se han registrado graves abusos a manos del Ej\u00e9rcito de Liberaci\u00f3n Nacional (ELN), sectores disidentes de las FARC y grupos paramilitares. Adem\u00e1s, la situaci\u00f3n de los defensores de los DDHH, periodistas, <\/span>l\u00edderes ind\u00edgenas y afrocolombianos<\/span><\/a> y otros <\/span>activistas comunitarios<\/span><\/a> es cr\u00edtica, dado que estos enfrentan diariamente episodios de violencia y amenazas de muerte. El informe destaca adem\u00e1s, los numerosos episodios de represi\u00f3n y uso excesivo de la fuerza que se dieron en el marco de las protestas desarrolladas a lo largo de 2021 y que <\/span>desataron el debate p\u00fablico<\/span><\/a> alrededor de\u00a0 la <\/span>normativa que regula su accionar.<\/span><\/a><\/p>

Ecuador<\/b><\/p>

Contin\u00faan las preocupaciones relativas a las malas condiciones de los establecimientos penitenciarios, en especial tras los episodios violentos y motines que tuvieron lugar durante el \u00faltimo a\u00f1o. Por otra parte, el informe se\u00f1al\u00f3 al uso indiscriminado de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad y la limitada protecci\u00f3n de los derechos de los refugiados como algunos de los problemas m\u00e1s importantes de la realidad del pa\u00eds. Por \u00faltimo, en lo que refiere al sistema judicial, el informe se centra en la injerencia del Poder Ejecutivo en la investigaci\u00f3n de los casos de corrupci\u00f3n, lo cual conlleva al incumplimiento del debido proceso y retrasos injustificados.\u00a0<\/span><\/p>

El Salvador<\/b><\/p>

El informe se\u00f1ala que en 2021 se consolidaron las <\/span>tendencias autocr\u00e1ticas<\/span><\/a> del Presidente Nayib Bukele, en especial a partir de la obtenci\u00f3n de la mayor\u00eda en la Asamblea Legislativa. Desde entonces se hicieron frecuentes los <\/span>ataques sistem\u00e1ticos<\/span><\/a> al Poder Judicial y al <\/span>periodismo cr\u00edtico<\/span><\/a> con el gobierno, acusado de difundir noticias falsas y servir intereses pol\u00edticos. A su vez, el informe se\u00f1ala que los abusos por parte del gobierno frecuentemente permanecen impunes. Por \u00faltimo, el documento menciona que tambi\u00e9n son frecuentes las <\/span>restricciones al acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica<\/span><\/a> por parte de la administraci\u00f3n de Bukele.<\/span><\/p>

Guatemala<\/b><\/p>

El reporte da cuenta de eventos que a lo largo del 2021 comprometieron la independencia del Poder Judicial como numerosos hechos de corrupci\u00f3n, demoras en el nombramiento de jueces, la negativa del Congreso de jurar al presidente de la Corte Constitucional, y el desplazamiento del titular de la Fiscal\u00eda Especial Contra la Impunidad. Por otra parte, la violencia dirigida a periodistas y defensores de DDHH son cuestiones preocupantes. En materia de libertad de expresi\u00f3n, el reporte se\u00f1ala que el gobierno de Alejandro Giammattei atac\u00f3 verbalmente a periodistas e impuso restricciones a la prensa, limitando el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica durante la pandemia, y que, las investigaciones sobre amenazas, ataques y asesinatos de periodistas no han progresado. Por \u00faltimo, el informe se\u00f1ala que el espacio c\u00edvico se ha visto amenazado desde la entrada en vigencia, en junio del 2021, de la <\/span>ley<\/span><\/a> que habilita al gobierno a cancelar la personer\u00eda jur\u00eddica de organizaciones de la sociedad civil cuando considere que estas \u201calteran el orden p\u00fablico\u201d.<\/span><\/p>

Honduras<\/b><\/p>

El informe se\u00f1ala que el Poder Judicial y la polic\u00eda no han sido inefectivos en el combate al crimen organizado y que los delitos en contra de periodistas y defensores de DDHH siguen en aumento. Desde 2010, han sido 42 los periodistas asesinados, y, por lo tanto, el Mecanismo de Protecci\u00f3n de Periodistas, Defensores de Derechos Humanos y Operadores Judiciales creado en 2015 ha sido ineficaz en atender este problema. Por \u00faltimo, el informe destaca la falta de independencia de la rama judicial, en especial tras la salida de la Misi\u00f3n de Apoyo contra la Corrupci\u00f3n y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en enero del 2020.<\/span><\/p>

M\u00e9xico<\/b><\/p>

El reporte se\u00f1ala que durante el gobierno de Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador (AMLO) las violaciones de DDHH han persistido, en especial los asesinatos extrajudiciales y los ataques a periodistas y activistas sociales, pese a que se ha militarizado la seguridad interna con la creaci\u00f3n de la Guardia Nacional. En materia de libertad de expresi\u00f3n, el informe destaca los <\/span>casos de periodistas<\/span><\/a> que a causa de sus investigaciones sobre funcionarios p\u00fablicos o que expusieron delitos de c\u00e1rteles criminales, debieron enfrentar ataques, acoso y espionaje por parte de autoridades. Adem\u00e1s, se identificaron problemas de coordinaci\u00f3n en la aplicaci\u00f3n del Mecanismo de Protecci\u00f3n de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas (establecido en 2012), los cuales resultaron en la muerte de 6 periodistas que se encontraban bajo la protecci\u00f3n del programa.\u00a0<\/span><\/p>

Nicaragua<\/b><\/p>

Con el objetivo de asegurar su cuarto mandato, el Presidente Daniel Ortega impuls\u00f3 toda una serie de medidas para disuadir a cr\u00edticos y <\/span>limitar la participaci\u00f3n pol\u00edtica<\/span><\/a> en las elecciones. De esta forma, fue aprobada una <\/span>reforma electoral<\/span><\/a> -que permiti\u00f3 el control absoluto de los comicios por parte del gobierno- y se produjo la detenci\u00f3n arbitraria de 7 candidatos presidenciales y 32 cr\u00edticos del gobierno. A su vez, se denunciaron abusos por parte de las fuerzas del gobierno en contra de los disidentes detenidos. En segundo plano, el informe se\u00f1ala que durante 2021 se profundizaron problemas persistentes en el pa\u00eds, como las continuas restricciones a la <\/span>libertad de expresi\u00f3n<\/span><\/a> y <\/span>asociaci\u00f3n<\/span><\/a>. Por un lado, los ataques a defensores de DDHH, periodistas y medios de comunicaci\u00f3n han sido frecuentes, los cuales han sido el objetivo de amenazas de muerte, agresiones, intimidaci\u00f3n, acoso, vigilancia, campa\u00f1as de difamaci\u00f3n en l\u00ednea y persecusi\u00f3n. Por otra parte, el espacio c\u00edvico ha sido hostigado duramente en el \u00faltimo a\u00f1o, por medio de la cancelaci\u00f3n de la personer\u00eda jur\u00eddica a OSCs y la suspensi\u00f3n de sus actividades, especialmente tras la aprobaci\u00f3n de la <\/span>Ley de Agentes Extranjeros<\/span><\/a>.<\/span><\/p>

Per\u00fa<\/b><\/p>

En el a\u00f1o 2021 los abusos por parte de las fuerzas de seguridad, las amenazas a la libertad de expresi\u00f3n y la violencia en contra de las mujeres constituyeron algunos de los temas m\u00e1s preocupantes en materia de vulneraci\u00f3n de derechos humanos. En lo que respecta al proceso electoral, el informe destaca que miembros del Jurado Nacional de Elecciones y otras autoridades fueron hostigados durante la campa\u00f1a y el recuento de votos. Por otra parte, se da cuenta de las acusaciones impartidas por la candidata opositora, Keiko Fujimori, y su injerencia sobre el p\u00fablico con la intenci\u00f3n de deslegitimar las elecciones presidenciales en las que triunf\u00f3 su adversario, Pedro Castillo. Por \u00faltimo, el informe destac\u00f3 las reiteradas <\/span>amenazas<\/span><\/a> a la libertad de expresi\u00f3n y la libertad de prensa durante el gobierno de Castillo.<\/span><\/p>


<\/span>Venezuela<\/b><\/p>

El informe destaca que durante 2021 las fuerzas de seguridad del gobierno de Nicol\u00e1s Maduro fueron acusadas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Asimismo, se mencionan tambi\u00e9n la frecuente encarcelaci\u00f3n de pol\u00edticos opositores, los juicios a civiles en tribunales militares, los episodios de tortura y tratos inhumanos a detenidos y la represi\u00f3n de las protestas sociales. El informe resalta que las autoridades judiciales han participado o han sido c\u00f3mplices de estas graves violaciones de derechos fundamentales. Por \u00faltimo, el reporte denuncia irregularidades durante las <\/span>elecciones de noviembre de 2021<\/span><\/a> como la inhabilitaci\u00f3n arbitraria de pol\u00edticos opositores, el control de los medios de comunicaci\u00f3n por parte del estado y la falta de independencia judicial.<\/span><\/p><\/div><\/div><\/div><\/section><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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