{"id":7428,"date":"2021-08-04T22:59:53","date_gmt":"2021-08-04T22:59:53","guid":{"rendered":"https:\/\/civicspaceguardian.directoriolegislativo.org\/?p=7428"},"modified":"2021-08-05T15:41:54","modified_gmt":"2021-08-05T15:41:54","slug":"espiar-y-controlar-el-proyecto-pegasus-y-la-tecnologia-puesta-al-servicio-de-la-vigilancia-de-la-ciudadania","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/civicspaceguardian.directoriolegislativo.org\/index.php\/2021\/08\/04\/espiar-y-controlar-el-proyecto-pegasus-y-la-tecnologia-puesta-al-servicio-de-la-vigilancia-de-la-ciudadania\/","title":{"rendered":"Espiar y controlar: El Proyecto Pegasus y la tecnolog\u00eda puesta al servicio de la vigilancia de la ciudadan\u00eda"},"content":{"rendered":"\t\t
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Am\u00e9rica Latina<\/h2>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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Los avances tecnol\u00f3gicos han demostrado, en m\u00faltiples oportunidades, sus beneficios para fortalecer procesos de transparencia y participaci\u00f3n ciudadana. Sin embargo, en los \u00faltimos tiempos hemos visto c\u00f3mo son utilizados para profundizar los mecanismos de control estatal. Las revelaciones recientes del Proyecto Pegasus lo dejaron al descubierto.<\/span><\/p>

En julio de 2021, una investigaci\u00f3n period\u00edstica internacional dio a conocer el abuso perpetrado por al menos 11 gobiernos mediante un software de inteligencia -Pegasus- para la cibervigilancia de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y opositores pol\u00edticos, entre otros.\u00a0<\/span><\/p>

La investigaci\u00f3n tuvo lugar bajo la coordinaci\u00f3n de Forbidden Stories y el apoyo de Amnist\u00eda Internacional, e involucr\u00f3 a m\u00e1s de 80 periodistas provenientes de 17 medios de comunicaci\u00f3n ubicados en 10 pa\u00edses. Los principales hallazgos evidenciaron que gobiernos de pa\u00edses como Arabia Saudita, Azerbaiy\u00e1n y M\u00e9xico contrataron el software Pegasus, de la empresa israel\u00ed NSO Group, para infiltrar tel\u00e9fonos y extraer informaci\u00f3n, mensajes, ubicaci\u00f3n y material audiovisual.\u00a0<\/span><\/p>

Este no es un caso aislado, pero confirma la complejidad de las amenazas que hoy se ciernen sobre el espacio c\u00edvico, fundamentalmente en las democracias m\u00e1s fr\u00e1giles. En palabras de <\/span>Danna Ingleton, Directora Adjunta de Amnesty Tech<\/span><\/a>, \u201ca consecuencia de estos ataques, activistas, periodistas y figuras pol\u00edticas de todo del mundo corren el peligro de que se vigile su paradero y se utilice su informaci\u00f3n personal en su contra.\u201d\u00a0<\/span><\/p>

En pleno siglo XXI, la ampliaci\u00f3n y democratizaci\u00f3n de los espacios de debate p\u00fablico, como las redes sociales por ejemplo, han permitido que cada vez m\u00e1s personas puedan acceder a informaci\u00f3n p\u00fablic<\/span>a y participar activamente en los debates p\u00fablicos. Sin embargo, la visibilidad que otorgan<\/span> esas plataformas tambi\u00e9n se ha convertido en un instrumento para el ejercicio de la censura y la vigilancia.\u00a0<\/span><\/p>

M\u00e9xico: espionaje ilegal en el pa\u00eds m\u00e1s peligroso para los periodistas\u00a0<\/b><\/p>

M\u00e9xico fue el \u00fanico pa\u00eds latinoamericano incluido entre los principales hallazgos del Proyecto Pegasus. De acuerdo con la investigaci\u00f3n, el gobierno del ex presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto (2012-2018) habr\u00eda registrado los celulares de al menos 15 mil personas a trav\u00e9s de Pegasus, incluidos los de al menos 25 periodistas.\u00a0<\/span><\/p>

Seg\u00fan <\/span>informa<\/span><\/a> el medio digital mexicano Proceso, \u201ctres agencias federales de seguridad operaron la plataforma Pegasus durante el sexenio de Pe\u00f1a Nieto: el Centro de Investigaci\u00f3n y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR), a trav\u00e9s de la Agencia de Investigaci\u00f3n Criminal (AIC), y la Secretar\u00eda de la Defensa Nacional (Sedena).\u201d De esta forma, habr\u00edan intervenido los tel\u00e9fonos m\u00f3viles de periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, gobernadores, l\u00edderes religiosos, acad\u00e9micos, m\u00e9dicos, militares, personas menores de edad y m\u00e1s de 700 pol\u00edticos y sus familiares, principalmente de partidos de oposici\u00f3n. Desde el gobierno <\/span>de Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, informaron a finales de julio que identificaron m\u00e1s de 30 contratos de servicios vinculados al NSO Group desde 2006.<\/span><\/p>

Esta informaci\u00f3n resuena particularmente en el caso mexicano que, a fines de 2020, fue declarado como el pa\u00eds m\u00e1s peligroso para los periodistas por Reporteros Sin Fronteras. Durante el gobierno de Pe\u00f1a Nieto, la organizaci\u00f3n Art\u00edculo 19 <\/span>registr\u00f3<\/span><\/a> 2.502 agresiones contra periodistas, incluidos 47 asesinatos, lo que representa un incremento del 129% en comparaci\u00f3n con el gobierno de su antecesor, Felipe Calder\u00f3n Hinojosa.\u00a0<\/span><\/p>

Entre los periodistas que fueron v\u00edctimas de espionaje, tal vez el caso m\u00e1s sonado fue el de Cecilio Pineda Brito, el 2 de marzo de 2017. Pineda Brito era cr\u00edtico del oficialismo priista y hab\u00eda recibido amenazas de muerte en numerosas ocasiones. Si bien no existe evidencia concreta que demuestre una conexi\u00f3n entre su inclusi\u00f3n en la plataforma y su asesinato, se sospecha que su ubicaci\u00f3n de Pineda podr\u00eda haber sido conseguida a trav\u00e9s de Pegasus.\u00a0<\/span><\/p>

Mirando al que esp\u00eda: los casos de Argentina, Chile y Rep\u00fablica Dominicana<\/strong><\/p>

M\u00e9xico hoy est\u00e1 en el ojo de la tormenta por los hallazgos del Proyecto Pegasus, pero se han registrado en la regi\u00f3n otros casos de espionaje ilegal de activistas y periodistas. Con todo, es posible que la mayor\u00eda nunca lleguen a la luz p\u00fablica.\u00a0<\/span><\/p>

Apenas el a\u00f1o pasado en <\/span>Argentina<\/b>, la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Argentina, Cristina Caama\u00f1o, present\u00f3 una denuncia por presunto espionaje ilegal a unas 500 personas vinculadas al mundo pol\u00edtico, al periodismo, organizaciones de la sociedad civil y a polic\u00edas durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri (2015-2019). Seg\u00fan se detalla en la denuncia, las tareas de vigilancia \u2013 descubiertas en un disco r\u00edgido parcialmente borrado \u2013 no hab\u00edan sido ordenadas ni autorizadas por un juez, sino por las autoridades del propio organismo de inteligencia que hoy se encuentra intervenido. En abril, una comisi\u00f3n bicameral encargada de la fiscalizaci\u00f3n de los organismos de inteligencia emiti\u00f3 un informe de 400 p\u00e1ginas en el que se concluye que hay indicios de que se trat\u00f3 de un plan sistem\u00e1tico de espionaje con conexiones con el Poder Judicial.\u00a0<\/span><\/p>

Esta investigaci\u00f3n dio el puntapi\u00e9 para que el Senado revirtiera un decreto de 2015 que trasladaba el manejo de las escuchas telef\u00f3nicas realizadas con orden judicial a la \u00f3rbita de la Corte Suprema de Justicia.\u00a0 Tambi\u00e9n motiv\u00f3 un <\/span>decreto<\/span><\/a> de marzo de 2020 que modifica la <\/span>Ley 25.520<\/span><\/a> de Inteligencia Nacional al prohibir que los organismos de inteligencia act\u00faen como auxiliares de la justicia, realicen tareas represivas o cumplan funciones policiales. Tampoco se permite que obtengan informaci\u00f3n, produzcan inteligencia o almacenen datos personales en base a la raza, religi\u00f3n, opini\u00f3n pol\u00edtica, pertenencia a organizaciones o realizaci\u00f3n de actividades l\u00edcitas.\u00a0<\/span><\/p>

El Congreso de <\/span>Chile<\/b> tiene en agenda desde finales de 2018 un <\/span>proyecto de reforma del sistema nacional de inteligencia<\/span><\/a> impulsado por el gobierno de Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era al calor de las protestas masivas. La propuesta lleg\u00f3 a obtener media sanci\u00f3n del Senado en enero de 2020, pero se trab\u00f3 en Diputados, posiblemente por los cuestionamientos planteados por la sociedad civil y distintas figuras del arco pol\u00edtico. Desde entonces, el Poder Ejecutivo ha insistido formalmente para que el proyecto sea tratado con urgencia.<\/span><\/p>

Las cr\u00edticas apuntan a que, detr\u00e1s del argumento de modernizaci\u00f3n del sistema de inteligencia, se est\u00e1 instalando una agenda de \u201cmilitarizaci\u00f3n\u201d de la seguridad p\u00fablica. El presidente de la Comisi\u00f3n de Defensa Nacional, diputado Jorge Brito, se hizo eco de las preocupaciones al afirmar que se est\u00e1 proponiendo un sistema de inteligencia sin un adecuado mecanismo de control por parte de los poderes del Estado.\u00a0<\/span><\/p>

En la <\/span>Rep\u00fablica Dominicana<\/b>, el <\/span>presidente Luis Abinader present\u00f3 el 22 de junio un <\/span>proyecto de ley<\/span><\/a> para modificar la Direcci\u00f3n Nacional de Investigaciones (DNI), agencia que ha sido objeto de denuncias por excesos y violaci\u00f3n de derechos humanos. Entre ellos, la intervenci\u00f3n de tel\u00e9fonos, la tortura de opositores y el asesinato de un periodista.\u00a0<\/span><\/p>

Lo que se propone es que todos los organismos de inteligencia sean subsumidos en una direcci\u00f3n bajo la \u00f3rbita de la presidencia, eliminando as\u00ed las unidades de inteligencia militar. Desde el Ejecutivo, se ha planteado que el objetivo es modernizar el marco legal para dotar a las entidades con herramientas que permitan la lucha contra el crimen sin desmedro de los derechos y garant\u00edas ciudadanas.\u00a0<\/span><\/p>

Otras amenazas al derecho a la privacidad: el acceso y uso de datos privados<\/strong><\/p>

M\u00e1s all\u00e1 de los debates vinculados a la operaci\u00f3n de los servicios de inteligencia, en los \u00faltimos tiempos hemos visto otro tipo de regulaciones que vulneran el derecho a la privacidad de la ciudadan\u00eda.\u00a0<\/span><\/p>

Por ejemplo, en abril de 2020, el presidente de <\/span>Brasil<\/b>, Jair Bolsonaro, <\/span>oblig\u00f3<\/span><\/a> a las compa\u00f1\u00edas de telefon\u00eda fija y m\u00f3vil a compartir los datos de sus clientes para apoyar la producci\u00f3n de estad\u00edsticas oficiales en el contexto de la pandemia. Ante la falta de garant\u00edas legales en materia de protecci\u00f3n de datos, el 7 de mayo, el Supremo Tribunal Federal suspendi\u00f3 la medida por violar las garant\u00edas constitucionales a la protecci\u00f3n de la\u00a0 intimidad, la vida privada y la imagen de las personas.\u00a0<\/span><\/p>

En su fallo, los miembros del Tribunal observaron que, aunque la situaci\u00f3n de calamidad p\u00fablica requer\u00eda medidas excepcionales por parte del Estado, no era posible realizar una transferencia indiscriminada de datos personales. La medida provisoria se sum\u00f3 en su momento a la decisi\u00f3n de aplazar hasta 2021 la entrada en vigencia de la <\/span>Ley General de Protecci\u00f3n de Datos Personales<\/span><\/a> que obliga a las empresas y a los organismos estatales a seguir ciertos principios en el uso de la informaci\u00f3n de la ciudadan\u00eda.<\/span><\/p>

Una discusi\u00f3n similar se est\u00e1 desarrollando en <\/span>M\u00e9xico<\/b> a ra\u00edz de un <\/span>decreto<\/span><\/a> legislativo, promulgado por el presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador por el cual se crea un Padr\u00f3n Nacional de Usuarios de Telefon\u00eda M\u00f3vil; en otros t\u00e9rminos, una base de datos con informaci\u00f3n personal que se utilizar\u00e1 para combatir delitos, como la extorsi\u00f3n y el secuestro.\u00a0<\/span><\/p>

La entrada en vigencia del decreto fue suspendida transitoriamente por la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) en junio pasado, a ra\u00edz de dos recursos judiciales presentados por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci\u00f3n y Protecci\u00f3n de Datos Personales (INAI) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).\u00a0<\/span><\/p>

Recomendaciones para la protecci\u00f3n del derecho a la privacidad<\/b><\/p>

La Alianza por el Gobierno Abierto (Open Government Partnership, en ingl\u00e9s) realiz\u00f3 cinco <\/span>recomendaciones<\/span><\/a> para asegurar que las acciones estatales protejan y garanticen el efectivo ejercicio de los derechos c\u00edvicos y, en particular, el derecho a la privacidad en torno a las tecnolog\u00edas de vigilancia:\u00a0<\/span><\/p>