{"id":6993,"date":"2021-07-01T16:20:17","date_gmt":"2021-07-01T16:20:17","guid":{"rendered":"https:\/\/civicspaceguardian.directoriolegislativo.org\/?p=6993"},"modified":"2021-07-01T16:29:46","modified_gmt":"2021-07-01T16:29:46","slug":"acceso-a-la-informacion-publica-en-america-latina-los-cuatro-desafios-que-la-pandemia-profundizo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/civicspaceguardian.directoriolegislativo.org\/index.php\/2021\/07\/01\/acceso-a-la-informacion-publica-en-america-latina-los-cuatro-desafios-que-la-pandemia-profundizo\/","title":{"rendered":"Acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica en Am\u00e9rica Latina: los cuatro desaf\u00edos que la pandemia profundiz\u00f3"},"content":{"rendered":"\t\t
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Am\u00e9rica Latina<\/h2>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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Desde el inicio de la pandemia, CSG viene registrando a nivel regional un crecimiento de pr\u00e1cticas regulatorias que ponen en peligro el derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica. \u00bfC\u00f3mo se expresa esta tendencia? En esta nota presentamos cuatro puntos para entender los desaf\u00edos que enfrenta la sociedad civil en la materia.<\/p>

1) P\u00e9rdida de autonom\u00eda de los \u00f3rganos garantes del derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica<\/strong><\/p>

Si bien el dise\u00f1o institucional para garantizar el derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica puede variar entre pa\u00edses, resulta fundamental que el cumplimiento est\u00e9 supervisado por un \u00f3rgano administrativo especializado e independiente. La Relator\u00eda Especial sobre la Libertad de Expresi\u00f3n de la CIDH ha indicado que la independencia y autonom\u00eda del organismo puede ser evaluada en funci\u00f3n de factores internos y externos (CIDH-RELE \u201cLos \u00f3rganos de supervisi\u00f3n del derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica<\/a>\u201d).<\/p>

Entre los primeros se cuenta el modo en que fue creado o mediante el cual le fue otorgado su mandato de supervisi\u00f3n, su posici\u00f3n dentro del organigrama institucional, las reglas para la selecci\u00f3n y remoci\u00f3n de sus autoridades y la existencia de organizaciones que puedan disputar el ejercicio de sus funciones. Cuatro casos recientes muestran c\u00f3mo los gobiernos est\u00e1n incidiendo en estos distintos factores para afectar la autonom\u00eda de los \u00f3rganos garantes.<\/p>

En M\u00e9xico<\/strong>, el presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador anunci\u00f3 en enero que iba a impulsar una reforma constitucional para eliminar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci\u00f3n y Protecci\u00f3n de Datos Personales (INAI). \u00bfPor qu\u00e9? En sus palabras, porque \u201cno sirve, no beneficia al pueblo y cuesta mucho mantenerlo\u201d. De concretarse, sus funciones pasar\u00edan a la \u00f3rbita de la Secretar\u00eda de Funci\u00f3n P\u00fablica que integra el gabinete presidencial. Esto supone que el poder ejecutivo pasar\u00eda a ser, al mismo tiempo, sujeto obligado y garante del derecho.<\/p>

En El Salvador<\/strong>, el presidente Nayib Bukele modific\u00f3 por un decreto<\/a> la reglamentaci\u00f3n de la Ley de Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica con el fin de flexibilizar los requisitos y el procedimiento para la designaci\u00f3n de los comisionados del Instituto de Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica. Estos cambios, seg\u00fan indican los expertos, suponen la eliminaci\u00f3n de la posibilidad de impugnar a los candidatos, y por ende, de cuestionar su idoneidad e independencia.<\/p>

Honduras<\/strong> presenta hoy un problema de dualidad de competencias derivada de un decreto<\/a> firmado por el presidente Juan Orlando Hern\u00e1ndez que crea la Secretar\u00eda de Transparencia, con competencias similares a las del existente Instituto de Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica, constitu\u00eddo por ley.<\/p>

El gobierno de Argentina<\/strong>, a\u00fan cuando no ha modificado la estructura ni las competencias de su agencia, no se muestra ajeno a esta tendencia al impulsar el nombramiento<\/a> como director de una persona que no re\u00fane los requisitos m\u00ednimos que estipula la Ley 27.275 de Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica de idoneidad para el cargo y trayectoria en la materia.<\/p>

2)\u00a0Ocultamiento de informaci\u00f3n cr\u00edtica sobre el manejo gubernamental de la pandemia<\/strong><\/p>

Otra preocupaci\u00f3n que ha crecido en este tiempo es la falta de transparencia con respecto a la gesti\u00f3n de la pandemia.<\/strong> Ya en los primeros meses, el gobierno de Brasil fue duramente cuestionado por modificar discrecionalmente la metodolog\u00eda de divulgaci\u00f3n de datos oficiales de contagios y muertes, mientras que en El Salvador se incorpor\u00f3 a la lista de informaci\u00f3n reservada los datos sobre testeos de COVID-19 y el plan nacional de salud durante 7 a\u00f1os.<\/p>

M\u00e1s recientemente, un informe<\/a> de Directorio Legislativo en alianza con la Red de Periodistas de Am\u00e9rica Latina para la Transparencia y la Anticorrupci\u00f3n<\/a> arroj\u00f3 que todos los acuerdos de compra de vacunas de la regi\u00f3n son confidenciales y que algunos pa\u00edses llegaron incluso a modificar su marco normativo por ley o decreto para habilitar la incorporaci\u00f3n de cl\u00e1usulas de confidencialidad en los contratos (entre ellos Argentina, Brasil, Paraguay y Per\u00fa).<\/p>

Estas situaciones vulneran por doble v\u00eda un principio central de las leyes de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica que es el de m\u00e1xima divulgaci\u00f3n, que tiene como correlato el de alcance limitado de las restricciones al derecho.<\/p>

3)\u00a0Suspensi\u00f3n o incumplimiento de plazos para responder a pedidos de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica<\/strong><\/p>

A la falta de transparencia activa, hay que sumar tambi\u00e9n la interrupci\u00f3n temporal de los mecanismos de transparencia pasiva, es decir, aquellos mediante los cuales la ciudadan\u00eda puede solicitar informaci\u00f3n a las entidades y organismos p\u00fablicos.<\/p>

En efecto, como parte de las medidas encaradas frente a la crisis sanitaria, al menos 8 pa\u00edses de la regi\u00f3n suspendieron las actividades de las \u00e1reas de gobierno \u201cno cr\u00edticas\u201d, en las que quedaron comprendidos los \u00f3rganos garantes del derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica, y – con ello – los plazos <\/strong>de respuesta a las solicitudes. Adem\u00e1s de los casos de Brasil y M\u00e9xico analizados antes, se encuentran Bolivia, Honduras, Per\u00fa y Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>

Con todo, en Brasil el Supremo Tribunal Federal sent\u00f3 un importante precedente al anular la suspensi\u00f3n de plazos administrativos argumentando que a menos que se trate de situaciones excepcionales, \u201cla Administraci\u00f3n P\u00fablica tiene el deber de transparencia absoluta en la conducci\u00f3n de los asuntos p\u00fablicos \u201d.<\/p>

Al d\u00eda de hoy, cuando muchas de estas medidas ya no se encuentran vigentes, se siguen registrando dilaciones excesivas en los plazos de respuesta. Por mencionar solo un ejemplo, en 2020, Directorio Legislativo realiz\u00f3 53 pedidos de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica en Argentina, 26 de los cuales no fueron respondidos en t\u00e9rmino legal a\u00fan cuando estos tr\u00e1mites hab\u00edan quedado exentos de suspensi\u00f3n general de plazos administrativos.<\/p>

4)\u00a0<\/strong>Demora u obstaculizaci\u00f3n de proyectos de ley para ampliar el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica<\/strong><\/p>

La contracara de esta tendencia restrictiva est\u00e1 dada por la situaci\u00f3n de los proyectos de ley que buscan ampliar el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica.<\/strong> Lo que surge de nuestro monitoreo es que en muchos casos las iniciativas orientadas a ampliar la lista de sujetos obligados a brindar informaci\u00f3n, publicar las declaraciones juradas de funcionarios o incrementar las capacidades de supervisi\u00f3n y control no son tratadas o no superan los primeros estad\u00edos del debate parlamentario. Tal es el estado de cosas en Chile, El Salvador, Guatemala y Paraguay, por ejemplo.<\/p>

El rol de la sociedad civil<\/strong><\/p>

Frente a estas situaciones, las organizaciones de la sociedad civil nos hemos movilizado y pronunciado en forma coordinada:<\/p>

En Argentina<\/strong> planteando nuestras observaciones<\/a> en la audiencia<\/a> realizada para designar al nuevo director de la Agencia de Acceso a la Informaci\u00f3n y solicitando<\/a> al Poder Ejecutivo que retire su candidatura y se comprometa a nombrar una autoridad id\u00f3nea, aut\u00f3noma e independiente.<\/p>

En M\u00e9xico<\/strong>, realizando un llamado<\/a> para detener toda medida que pueda limitar o reducir la autonom\u00eda de los \u00f3rganos garantes.<\/p>

En El Salvador<\/strong>, a trav\u00e9s de un comunicado<\/a> para defender el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>

En Brasil, Chile, Colombia y El Salvador<\/strong>, solicitando informaci\u00f3n p\u00fablica en forma conjunta para conocer m\u00e1s sobre los procesos de adquisici\u00f3n e implementaci\u00f3n de tecnolog\u00edas con capacidad de vigilancia.<\/p>

El acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica es un derecho instrumental clave para el ejercicio de otros derechos, entre ellos, la participaci\u00f3n ciudadana en la toma de decisiones de gobierno, el control de la corrupci\u00f3n y el balance de las asimetr\u00edas. Con informaci\u00f3n, \u201cla participaci\u00f3n se vuelve un proceso transformador que confiere otra din\u00e1mica al sistema democr\u00e1tico y que requiere canales de comunicaci\u00f3n permanentes entre gobernantes y gobernados\/as\u201d (Auditor\u00eda Ciudadana, Frutos de la Democracia<\/a>).<\/p><\/div><\/div><\/div><\/section><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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